Crítica a la idea de la ética pública "moral mínima" de Adela Cortina, y al "overlapping consensus" de Rawls.
p. 29 Por lo tanto, el problema de la cohesión política en una sociedad pluralista, no consiste ni en el establecimiento de una moral mínima –como lo entiende Adela Cortina, entre otros[Adela CORTINA, La ética de la sociedad civil, Anaya, Madrid, 1994]– ni en la obtención de lo que Rawls denomina un "overlapping consensus". La moral pública no consiste ni en un mínimo común a todas las morales privadas, ni en un conjunto de coincidencias o solapamientos entre esas morales. La moral pública es otra moral, no un mero subproducto de las morales privadas, como si éstas fueran toda y la única moral. La moral pública no se compone a partir de los ingredientes que proporcionen las morales privadas, sino que se configura según configuremos el ámbito público. Es el cuerpo de instituciones –fines y capacidades– que componga la sociedad política lo que determinará concomitantemente la moral pública de esa sociedad. La moral pública que pueda tener una sociedad equivale a las instituciones públicas que sean posibles en esa sociedad. Como en cualquier tipo de sociedad, la moral pública depende de lo que nos propongamos –y podamos proponernos– hacer en común, y del modo institucional en el que lo estemos haciendo.
Consideremos, por ejemplo, lo siguiente. El cristianismo prescribe la sobriedad en el uso y posesión de los bienes terrenos. Pero ¿es posible e, incluso, moralmente bueno vivir esa sobriedad conforme a criterios privados, en una sociedad cuyo sistema económico exige un considerable nivel de consumo para producir riqueza y proveer del bienestar común a todos sus miembros? ¿Es la correcta medida de la sobriedad en esa sociedad algo determinado exclusivamente desde el interior del cristianismo? ¿Es esa medida un mínimo común, o un solapamiento, entre la austeridad evangélica y el hedonismo dionisíaco?
En definitiva, podemos afirmar que no puede haber una sociedad sin que se configure en ella una moral pública, y que privatizar la moral equivale necesariamente a eliminarla.