La tendencia a proteger cada vez más pretensiones con las garantías reservadas a los derechos humanos está llevando a un proceso inflacionario. La paradoja es que la protección que se busca con esto se va volviendo menos eficaz a medida que se crean nuevos derechos.

La inflación de derechos "no ha servido para que progrese en el mundo ese núcleo duro de libertades que distingue a los Estados democráticos de los que no lo son"

"Si los derechos humanos fueran una moneda, su valor estaría en caída libre, debido a la inflación de tratados sobre derechos humanos y a otros instrumentos no vinculantes adoptados por las organizaciones internacionales durante las últimas décadas". Así resumieron en Foreign Affairs los juristas Jacob Mchangama y Gugielmo Verdirame las conclusiones de un informe publicado en 2013 por el Freedom Rights Project, del que son cofundadores.

El informe registra 64 tratados relativos a derechos humanos adoptados bajo los auspicios de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa. "Eso significa –escriben Mchangama y Verdirame– que los Estados miembros de ambas organizaciones que hayan ratificado todos esos tratados tendrán que acatar 1.377 disposiciones relativas a los derechos humanos (si bien algunas pueden ser sobre cuestiones más formales que sustantivas). A esto habría que añadir cientos de disposiciones que están fuera de los tratados, como las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas o las del Consejo de Derechos Humanos [que también pertenece a la ONU]".

Los derechos como herramientas de poder

¿Qué ha provocado esta proliferación de derechos humanos? Mchangama y Verdirame culpan, en primer lugar, a los "lobbies que promueven los intereses particulares de unos grupos como si fueran derechos humanos". Pero no abundan más en esta cuestión.

Una autora que sí ha analizado a fondo el proceso de fabricación de "nuevos derechos" en la ONU y en otros organismos internacionales es Janne Haaland Matlary, catedrática de Política Internacional en la Universidad de Oslo y ex secretaria de Estado noruega de Asuntos Exteriores. Matlary se refiere expresamente a los grupos gay y pro-choice (cfr. Aceprensa, 10-02-2014).

El primer objetivo de estos lobbies es conseguir documentos internacionales no vinculantes –el llamado "Derecho blando" o soft law– que reformulen su causa en términos de derechos humanos. Una vez logrado, el texto se da a conocer en todas partes y se presenta como una fuente de legitimidad incontestable. El siguiente paso es convertir en "Derecho duro" –que ya impone obligaciones jurídicas exigibles– lo que ni siquiera en los foros internacionales goza de un consenso normativo.

"Cuando todo puede ser definido como un derecho humano, el precio de vulnerarlos es cada vez más bajo"

En muchos de estos casos no se trata de incorporar a estos colectivos al disfrute de los derechos de todos –ya hay medidas para garantizar que todos los ciudadanos tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley–, sino de crear unos derechos específicos del grupo. Así ocurre cuando se obliga a las administraciones públicas a promover la discutible visión de la sexualidad que defienden esos grupos (cfr. Aceprensa, 1-07-2014).

Cuando vulnerar los derechos sale gratis

El problema que señala Matlary está unido al debate sobre las nuevas generaciones de derechos humanos (cfr. Aceprensa, 24-12-1997), del que también hablan Mchangama y Verdirame.

Estos dos autores denuncian que los Estados menos democráticos se han lanzado a proponer una tercera generación de derechos –que comprende, entre otros muchos, el derecho al desarrollo, a la paz, a la solidaridad internacional…–, para relativizar el incumplimiento de los derechos civiles y políticos (primera generación), y de los económicos, sociales y culturales (segunda). Así, se pretende poner al mismo nivel "los recortes a la ayuda al desarrollo con la tortura de Corea del Norte".

Esta es, a juicio de Mchangama y Verdirame, una de las consecuencias más graves de la proliferación de derechos humanos. "Un concepto amplio y difuso de los derechos humanos permite a los Estados menos democráticos desviar el foco de atención del núcleo duro de libertades a unos derechos vaporosos y mal delimitados que no imponen obligaciones concretas a los Estados". "Cuando todo puede ser definido como un derecho humano, el precio de vulnerarlos es cada vez más bajo".

Pero la inflación de derechos "no ha servido para que progrese en el mundo ese núcleo duro de libertades que distingue a los Estados democráticos de los que no lo son". Según el índice de libertad mundial realizado por la ONG Freedom House, el respeto a los derechos civiles y políticos en el mundo ha caído en los siete años previos a la publicación del informe del Freedom Rights Project.